miércoles, 15 de agosto de 2018

El derecho a la educación libre.



Se nos sugiere que los derechos humanos son un conjunto de principios que deben ser protegidos para todos los mexicanos sin distinción alguna, en tanto son atributo de los seres humanos por el sólo hecho de serlo. Y en este sentido se nos suele reiterar con desmesurada frecuencia que en particular el derecho a la educación en nuestro país, debe ser considerado como el motor del desarrollo personal y social, y además de ser una primicia que adquiere relevancia como uno de los derechos humanos fundamentales.

Si bien coincido con este contexto en general, las personas que estamos en favor de las ideas de la libertad en general, creo que podemos concordar en que este derecho a la educación debe precisar con mayor detalle ciertos aspectos poco considerados por la generalidad política, así como las consecuencias que esta invisibilidad provoca. 

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Derecho a la educación
Primero que nada es necesario precisar que el derecho a la educación de unos, implica inevitablemente la obligación a pagarla y ejercerla para otros. Así, desde el aspecto ético, no puede ser considerado como un derecho en toda la extensión de la palabra algo que inexcusablemente implique coacción sobre nadie más para desempeñarlo, y mucho menos, cuando esa obligación se ejecuta hacia ciertas personas que, al mismo tiempo, son excluidas de ese mismo derecho, como es el caso de los ciudadanos de escasos recursos.

Esta coacción no puede dejar de verse por la inmoralidad que guarda en su fundamento. Sin embargo, dejaré ese análisis para después, y consideraré viable -por ahora- la primicia introductoria de este texto, justificándonos en el contexto social e histórico de este derecho como atributo natural de los individuos.

Luego entonces, habrá que especificar que, para poder garantizar el derecho a la educación de cualquier mexicano, no implica necesariamente que la educación sea ejecutada exclusivamente por las dependencias estatales educativas (SEP, secretarías estatales y universidades públicas). Bien se puede sufragar este derecho mediante un cupón educativo por medio de cualquier institución educativa (pública o privada).


Por desgracia, con el pretexto de garantizar la educación muy en especial a las personas más limitadas en lo económico, el Estado mexicano se apropió de los planes y programas de estudio en general, monopolizando el sistema educativo, nulificando las opciones pedagógicas universales que podrían ofrecer toda clase de soluciones, suprimiendo didácticas encaminadas a la diversidad cultural que podrían ser viables para nuestra sociedad mexicana (como en comunidades indígenas).


Esta política suprimió la certificación de estudios de instancias particulares por considerarlas entidades de valor ínfimo o de poca calidad moral. Todo esto, no sólo ha originado que la educación, esté bajo control absoluto del Estado mexicano, sino que la educación esté a expensas de arbitrariedades y despotismos de políticos, sindicatos y burócratas sin que los ciudadanos puedan tener alternativas ante tales excesos de poder y estén sujetos a toda clase de injusticias en este ámbito.


Modelo educativo único


Los padres de familia (contribuyentes mexicanos) que han optado por la educación pública para sus hijos, han estado obligados a tolerar perfiles mediocres y pésimos desempeños docentes, planes de estudio mal planificados (sin ninguna meta objetiva), infraestructuras educativas de pésima calidad, y lo más grave, estar a merced de burócratas con nula capacidad para ofrecerle dirección y orientación adecuadas a futuros egresados para que a su vez, puedan desarrollar capacidades acordes a lo que requiere nuestra sociedad. Mientras que los padres de familia que han optado por la "educación privada" para sus descendientes (aún sabiendo que los planes de estudio son estatales), inevitablemente tienen que pagar doble: impuestos educativos para financiar la educación de otros, y además colegiaturas particulares por el otro. Con este perverso sistema educativo, todos salimos perdiendo.


Insisto, la educación en nuestro país está dominada por distintos lobbys: sindicatos con influencias políticas que son usados para distintos fines menos para la mejora de la enseñanza, burócratas que usan las reformas educativas a su conveniencia para someter a la juventud a la ideología colectiva en turno, y políticos que usan las plataformas educativas a la conveniencia de partido, religión o de cualquier patriotismo o nacionalismo de ocasión.


Planes y programas de estudio, así como escuelas públicas y privadas en México han estado al servicio de la entidad política dominante, en prejuicio principalmente de los ciudadanos de bajos recursos (a quienes se supone que debe privilegiar la educación pública en mayor medida). Aún así, todo el tiempo se nos alecciona que este es el mejor sistema educativo, el único que puede garantizar la educación pública, gratuita, laica y de calidad. Nada más falso que eso.

Acuerdo 450. La SEP obliga a las particulares no incorporadas a especificar que sus planes no
tienen reconocimiento de validez oficial



Ante esta lamentable situación, creo que es necesario orientar la educación pública a un sistema de de amplia diversidad. Por ello me gustaría exhortar al Congreso de la Unión entrante a discutir si quiera, la posibilidad de que las instituciones educativas particulares (y oficiales que lo deseen), puedan ofrecer metodologías alternativas a los dictados por el Estado y sus instituciones educativas que imponen planes y programas únicos en el país, que puedan aplicar distintos esquemas didácticos encaminados a desarrollar con mayor dinámica las habilidades individuales, en inteligencias múltiples y fortalecer los conocimientos generales que ellos consideren adecuados para las necesidades actuales del momento.


De esta manera, los padres mexicanos, podrán ofrecer mejores alternativas educativas a sus hijos, y lo más importante, se podrá ejercer el derecho universal a la educación que proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 26):

Toda persona tiene derecho a la educación [...] La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; […] Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Sería deseable que este tema tan importante formara parte de la agenda de la clase política mexicana en el gobierno entrante. Me pareciera muy digno que se pusieran a trabajar en serio y que nos permitieran a los ciudadanos escoger libremente entre la diversidad de sistemas pedagógicos existentes y que consideremos el ideal para nosotros mismos o para nuestros hijos.


¿Qué justifica que una autoridad educativa totalitaria sea la que imponga un sistema educativo generalizado a los ciudadanos de una nación supuestamente libre?


Considero que esto no sólo permitirá ofrecer mejores esquemas de escolarización y de enseñanza (tanto públicos y privados), sino que con esta medida se contribuye a mejorar el desempeño laboral de los docentes sin la necesidad de obligarlos a seguir reformas educativas que no llevan a ningún lado. De la misma manera estimo que las instancias educativas particulares (y públicas que así lo decidan) pudiendo certificar con planes independientes a los ofrecidos por la instancia estatal única (SEP y universidades oficiales), los padres de familia podrán no sólo garantizar el derecho a la educación de sus hijos (gratuita y de calidad), sino que podrán sufragar el derecho pleno a la educación que ellos consideren apropiada, como lo sugiere la DUDH en su artículo 26.

Ciudad de México. Agosto de 2018.
Guillermo Rosas Álvarez





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